El Poder Ejecutivo está haciendo cuentas para ver si podrá cumplir las disposiciones de la ley de emergencia para el sector gastronómico, turístico, hotelero, eventos y afines. En su momento, los restaurantes plantearon las exigencias contenidas en la ley pero no fueron escuchados por el Gobierno y la propuesta la tomó el Congreso que concedió los pedidos, incluso más allá de lo solicitado originalmente y ahora el Gobierno anuncia que vetará parcialmente dicha ley.
La Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY) fue el primer gremio en solicitar medidas especiales para hacer frente a la pandemia. En la primera quincena de mayo presentó al Poder Ejecutivo una serie de peticiones que incluía reducción del IVA, disminución de las comisiones que cobran las tarjetas de créditos, flexibilización de los contratos de trabajo y también la reducción del 50% en las facturas de cobro de servicios como ANDE y reducción del 50% del aporte obrero patronal al IPS.
La petición no fue tenida en cuenta por el Gobierno y entonces los directivos de ARPY hicieron lobby en el Parlamento, donde senadores de Patria Querida recogieron la iniciativa y presentaron un proyecto de ley de emergencia. Pero allí se extendió la lista de sectores que serían beneficiados y se incluyó también al sector turístico, al sector hotelero, al sector de entretenimiento y al sector de eventos de todo el país.
De esa manera se amplió abruptamente el universo de beneficiarios y en el Poder Legislativo se aprobaron incluso normas que excedían lo solicitado. La propuesta original, por ejemplo, pedía exoneración del 50% del aporte obrero patronal y al final la ley respectiva autorizó un aporte patronal del 6% y un aporte obrero del 3%, cuando que el porcentaje normal es un total del 26%. La ley fue aprobada con una aplastante mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Ahora, el Poder Ejecutivo anunció que vetará parcialmente la ley, aún no se publicó el decreto respectivo. Pero ya lo hizo saber a los representantes de los sectores afectados, que se opondrá a la reducción del 50%de las facturas de ANDE y a la reducción del aporte obrero patronal al IPS. Temen que no puedan cumplir con las obligaciones financieras que las medidas implican y en consecuencia podrían quedar en la posición de desacato a la ley.
Y ahora quieren hacer lo que debieron haber hecho desde un principio: sentarse a negociar. En primer lugar el objetivo es que una medida como esa, sea establecida a través de un decreto y no de una ley, para evitar un posible desacato por incumplimiento. En segundo lugar, no está muy claro si se modificarán los porcentajes establecidos en la ley. La mesa de negociaciones será integrada con los representantes de las reparticiones estatales afectadas así como por los representantes de los sectores beneficiados. Tienen un plazo de 14 días para llegar a un consenso.
Si finalmente, el Poder Ejecutivo veta parcialmente la ley, el proyecto debe volver al Congreso y ambas cámaras deben obtener mayoría absoluta para rechazar el veto. De lo contrario el veto quedará aprobado. Si bien la ley no tuvo casi oposición, tanto en Senado como Diputados, es probable que los legisladores del partido oficialista se abroquelen detrás de una decisión del Poder Ejecutivo y logren aprobar el veto, sobre todo en la Cámara de Diputados donde el panorama es mucho más claro en el Partido Colorado. En síntesis, todo este tema hubiera sido resuelto mucho más rápido y a un menor costo, si de entrada hubieran tenido la visión y la intención de atacar los efectos económicos de una pandemia que está dejando sin fuerzas a un sector tan importante como el de la gastronomía y afines. Oir a tiempo no es cobardía.