Unos 5.000 puestos de trabajo podrían perderse en los locales gastronómicos si es que no se aprueba la prórroga de la Ley de Emergencia Sanitaria que vence el próximo 31 de diciembre. Son 5.000 los trabajadores que tienen suspensión de contrato laboral en los restaurantes y si no se aprueba la prórroga, los empleadores tendrán la obligación de readmitirlos y abonarles el salario mínimo o proceder al despido. Por eso, más que los puestos de trabajo, los empresarios y patrones están defendiendo su situación económica.
El periodo de sesiones de ambas cámaras del Congreso se cerró la semana pasada y la Cámara de Diputados debe ser convocada de manera extraordinaria para tratar la prórroga de la ley de emergencia que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Al cierre de esta edición todavía no existía una convocatoria oficial para que los diputados sesionen en forma extraordinaria. Pero todos dan por descontado que la prórroga será aprobada sin inconvenientes.
En el sector gastronómico el efecto más importante de la prórroga es que podrá extenderse por tres meses más, la posibilidad de suspender los contratos de trabajo. De no ser así, los trabajadores suspendidos deberán ser readmitidos por los patrones y tendrán que recibir el salario mínimo. O en su defecto tendrían que ser despedidos, con el derecho a recibir la indemnización correspondiente.
Las empresas gastronómicas no están en condiciones actualmente de hacer frente a la readmisión de sus trabajadores y mucho menos a la indemnización, a raíz de las consecuencias económicas causadas por la pandemia. No se recuperó la ocupación que tenían antes de la pandemia y además el protocolo sanitario impone restricciones que obligación a trabajar a media máquina. De ahí que la preocupación por la prórroga de la ley de emergencia parece más bien una lucha por la sobrevivencia empresarial antes que la defensa de los puestos de trabajo. Durante esta pandemia, hemos asistido al curioso hecho, de que los trabajadores y empleados del sector gastronómico no han salido en defensa de sus puestos de trabajo.
El segundo efecto importante de la prórroga se refiere a que permitirá al IPS disponer de los fondos para proceder a la compensación económica por suspensión laboral (subsidio), sin lo cual no tendría ningún sentido la suspensión. Hay trabajadores que están suspendidos desde el inicio de la pandemia, otros fueron readmitidos pero vueltos a suspender porque muchos restaurantes no alcanzaban a recuperarse pese a la reapertura.
El subsidio alcanza al 50% de un salario mínimo. Es difícil entender cómo muchos sobrevivieron todos estos meses sólo con la mitad del salario mínimo. Esto revela que muchos que tienen suspensión de contrato, están realizando al mismo tiempo labores rentadas en otros restaurantes, empresas de otro ramo o trabajando por su cuenta. Incluso, algunas empresas gastronómicas están tomando trabajadores con suspensión laboral pero sin abonar el salario mínimo como corresponde, sino un monto muy inferior aprovechando que dichos empleados ya reciben una paga en concepto de subsidio. Esta situación está en conocimiento de la ARPY cuyos directivos reclamaron que se trata de práctica de competencia desleal. No escuchamos quejas de parte de los trabajadores, que como ocurre en estos casos, prefieren callar, antes que exponerse a perder sus puestos de trabajo.
Según los datos de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), los socios de la entidad tienen poco menos que 5.000 trabajadores suspendidos, de una fuerza laboral de 9.800 empleados. En estos números no están incluidos los trabajadores de las empresas informales. Según datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) correspondientes al 2019 en el país, la gastronomía genera 123.500 empleos directos y 140.000 puestos como segunda actividad.
Esa gran diferencia, entre los datos de la ARPY y la DGEEC, es la cifra que se maneja en el sector informal. Según las estadísticas que se conocen en los diversos sectores económicos, el sector informal representa el 70% de toda la economía paraguaya. La gran masa de empleados informales, de alguna u otra forma ha logrado sobrevivir a esta prolongada pandemia, sin tener que recurrir al subsidio, ya que no pueden hacerlo si no están registrados en el IPS, tal vez apelando al Pytyvo, pero sobre todo porque encontraron otros medios para generar ingresos con los que sobrevivir.
Un dato interesante es el que registra la procesadora de tarjetas Bancard. Esta empresa opera con 3.800 locales gastronómicos que generan, unos 78 millones de dólares mensuales, es decir 936.000.000 millones de dólares anualmente. El 70% se genera en Asunción y el Departamento Central. El dato es más que elocuente para que las autoridades nacionales tengan en cuenta la importancia del sector gastronómico como motor de la economía.
La ARPY junto a: Asociación de Negocios del Entretenimiento y Gastronomía (ANEG), Asociación de Empresas Paraguayas Proveedores para Eventos (ASERPE), Asociación de Agencias de Viajes IATA de Paraguay (AAVIP), Asociación de Chefs del Paraguay (ACPY), Asunción, Convention, & Visitors Bureau, Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (ASATUR), Asociación de Bares del Paraguay (AsoBarPy), Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY) y Asociación por la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) lanzaron un comunicado de “Auxilio” pidiendo que se resuelva esta situación.
A nivel país, existen un total de 3.250 empresas que solicitaron un total de 49.500 suspensiones de contratos laborales. El 48% de ese total corresponde a los sectores de las entidades mencionadas más arriba, que son los que fueron más afectadas por las restricciones impuestas por la cuarentena sanitaria.