Piden incentivo fiscal para los restaurantes

Gráfico que resume los incentivos solicitados. La iniciativa es de la bancada de Patria Querida en la Cámara de Senadores, que cuenta con apoyo de legisladores de otros partidos. Los propiciadores fueron los del sector gastronómico pero se extiende a los hoteleros y organizadores de eventos.

Un grupo de senadores de varios partidos presentó un proyecto de ley que busca otorgar incentivos fiscales al sector gastronómico, hotelero y de eventos, para hacer frente a la crisis creada por la pandemia. Proponen reducir el IVA, el aporte a IPS y la tarifa de ANDE, por un periodo de 12 meses. Por otro lado, las autoridades de la ARPY fueron recibidas en el Palacio de López, donde también solicitaron los mismos beneficios.

En la última sesión de la Cámara Alta se dio entrada al proyecto que modifica la Ley 6380/2019 y en relación a las tasas del IVA se propuso los siguientes cambios:

-5% para el arrendamiento de inmuebles destinados a locales gastronómicos, hotelería, entretenimientos y eventos, incluido el uso y usufructo de tales bienes.
-5% para pagos por servicios de hotelería
-5% para pagos por servicios de entretenimientos y eventos
-5% por pagos por servicios en restaurante y en general por el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.

El proyecto también propone la exoneración del 50% en las facturas del servicio proveído por ANDE a los sectores afectados. Además una reducción en los aportes del IPS que quedan establecidos en 6% para el aporte patronal y 3% para el aporte obrero. Estas reducciones y modificaciones tendrían una duración de 12 meses desde el momento en que el proyecto sea aprobado como ley.

La propuesta tuvo su ingreso ayer en la sesión de la Cámara de Senadores y fue girado a las comisiones asesoras, tras lo cual volverá al plenario para su aprobación o rechazo. Se basa en el pedido realizado por la ARPY (Asociación de Restaurantes del Paraguay), pero viendo que la misma situación que motiva la iniciativa afecta a otros sectores se extiende a la hotelería y a la organización de eventos.

Por otro lado, los directivos de la ARPY fueron recibidos ayer en el Palacio de Gobierno, por el Jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor y se acordó la instalación de una mesa de trabajo para analizar los pedidos formulados por el sector gastronómico. Oliver Gayet, titular de la ARPY dijo que según expresó el alto funcionario no habría problemas desde el punto de vista del Poder Ejecutivo en acceder a las demandas contenidas en el mencionado proyecto de ley.

También se habló en la oportunidad de otros puntos que no están contemplados en dicho proyecto de ley, como por ejemplo, la reducción de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, tema que debería abordarse con la Asociación de Bancos y lo que respecta a la finalización del tiempo de suspensión de contratos de trabajo. Están llegando los 90 días y según la legislación laboral si los trabajadores no son readmitidos pueden declararse despedidos injustificadamente y con derecho a la indemnización correspondiente.

En este punto, acordaron que los funcionarios del Ministerio de Trabajo antes de tomar las denuncias correspondientes apliquen la interpretación de que la suspensión de los contratos se da por motivos de fuerza mayor (pandemia) y no por la crisis económica. Con lo cual, el plazo de 90 días podría extenderse. Oliver Gayet informó que ya tuvieron casos en el ARPY de trabajadores que reclamaron la indemnización por despido injustificado. “Las empresas no están en condiciones de hacer frente a estos gastos en esta situación”, expresó.

La ARPY realizó un pedido especial al Gobierno en el sentido de que persiga a los que “ilegalmente” se dedican a la gastronomía variando su tradicional posición de perseguir a los “informales”.  Gayet no solo se refería a los que con motivo de la cuarentena obligatoria desarrollan negocios de delivery sino también a todas las empresas gastronómicas que no cumplen con la ley, como es el caso de los que tienen trabajadores que no están registrados en el IPS.

“Nosotros cumplimos con todas las leyes y eso nos cuesta una fortuna. Y exigimos que a todos se les exija por igual tomaron. Esto hace que nuestros costos sean superiores y no podemos competir. El servicio de delivery que nosotros hacemos cayó en un 30% respecto a lo que era en abril, que fue cuando tuvo su pico”, dijo finalmente.