La Policía Federal brasileña desarticuló una gigantesca red criminal, que involucraba a varias de las mayores productoras de carnes de ese país mediante el soborno a fiscales sanitarios para poder vender carne adulterada, no apta para el consumo y hasta vencida. Entre los detenidos figuran ejecutivos de la empresa multinacional BRF, dueña de las marcas Sadia y Perdigao, comercializadas aquí y ejecutivos de JBS dueña del frigorífico más grande de Paraguay.
Se trata de la operación más grande que haya realizado la Policía Federal del Brasil. Involucró a 1.100 agentes en 7 de los 27 estados brasileños. El juzgado 14 federal de la ciudad de Curitiba, responsable por la operación, ordenó el arresto de 38 personas, la conducción a la fuerza a comisarías de otras 77 y registros en 194 empresas y residencias de los acusados en los estados de Sao Paulo, Brasilia, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Goiás. Trabó embargos contra bienes de las empresas afectadas por valor de más de 322 millones de dólares.
El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización, informó la Policía Federal en un comunicado. El esquema era el siguiente: Los frigoríficos vendían carne ilegalmente. La investigación reveló que se usaba carne podrida y se reembalaban los productos vencidos.
Las empresas frigoríficas ejercían una influencia directa en el Ministerio de Agricultura brasileño para escoger a los funcionarios que irían a efectuar las fiscalizaciones en las empresas. Y los fiscales agropecuarios del Ministerio de Agricultura recibían coimas para facilitar la producción de productos adulterados emitiendo certificados sanitarios sin fiscalización. Además se está investigando si las coimas que recibían los fiscales abastecieron a los partidos políticos. La organización fue descubierta porque un fiscal se negó a aceptar los sobornos y recurrió a la Fiscalía para denunciar que lo habían trasladado como castigo.
«Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin fiscalización efectiva de los alimentos», asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.
La investigación duró dos años y entre las irregularidades detectadas se destaca la venta de carne no apta para el consumo, que era adulterada con productos químicos, la comercialización de productos con exceso de agua o almacenados en condiciones inadecuadas en los frigoríficos y el empaque en embalajes nuevos de productos cuya caducidad había vencido. Los fiscales omitían la supervisión incluso en casos en que la carne de los embutidos era mezclada con cartón, según señala un despacho de la agencia EFE.
De acuerdo con la Policía, entre los detenidos figuran ejecutivos de la BRF, empresa fabricante de las marcas de carne Sadia y Perdigao que se comercializan en Paraguay a través de las cadenas de supermercados y diversos comercios. Directivos de la BRF se entrevistaron el año pasado con autoridades paraguayas, incluyendo al Presidente de la República Horacio Cartes, interesados en la instalación de plantas industriales en nuestro país. La firma JBS tiene en Concepción un frigorífico que es el más grande y moderno que existe en nuestro territorio. En el Brasil, los representantes de ambas empresas negaron toda responsabilidad en los hechos investigados.
Fuentes:
folha.com.br
estadao.com.br
Agencias internacionales